La justicia comprobó el uso de espionaje ilegal en el juicio a la Corte y abrió una caja de Pandora
La justicia comprobó el uso de espionaje ilegal en el juicio a la Corte y abrió una caja de Pandora
La ofensiva kirchnerista contra la justicia federal, desarrollada en todos los frentes desde el minuto uno del regreso de Cristina al poder enmascarada por Alberto Fernández, acaba de revelar un nuevo capitulo: el uso masivo de espionaje ilegal para encadenar operaciones contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados que tienen o tuvieron en sus manos expedientes sensibles para la vicepresidenta.
Este último episodio se monta sobre una anterior cadena de fracasos para frenar aquellas causas por corrupción: el plan para bajar la jubilación de los magistrados y así tentarlos a pedir el retiro antes de promulgarla, el proyecto legislativo para reformar la justicia federal, la convocatoria a la estéril "Comisión Beraldi" (por el apellido del abogado de Cristina, que la integraba) para proponer otros cambios en la estructura del Poder Judicial e intentar disminuir su poder para investigar a los funcionarios políticos, la ofensiva primero institucional y luego personal contra el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, el risible proyecto para ampliar la cantidad de integrantes de la Corte de los actuales cinco a populosos quince miembros, son los mojones institucionales.
Pero el campo de batalla principal de esa guerra fueron los medios de comunicación y las redes sociales, que fueron inundadas de "información" desdorosa respecto de los jueces, fiscales y denunciantes de las causas judiciales molestas para los K. Las comillas relativizan la seriedad y la veracidad de esos supuestos datos, habitualmente reiterados en cadena por los medios, canales y portales cercanos al oficialismo.
¿De dónde salían y salen esos datos muchas veces personales y privadísimos que son presentados como noticias? Esta semana tuvimos una respuesta brutal: del espionaje ilegal, generado por informantes que navegan en las aguas fronterizas del Estado y el paraestado, y que ofrecen sus servicios o responden con ellos a las demandas de los interesados en difundirlas.
Esta introducción permite comprender mejor el alcance del formidable dictamen que este lunes firmó el fiscal federal Gerardo Pollicita, con la descripción cabal de una red de espionaje ilegal atizada por parte de al menos dos espadas centrales del kirchnerismo en esa batalla contra la justicia: el diputado Rodolfo Tailhade y el actual funcionario de la AFIP Fabián “Conu” Rodríguez.
El fiscal desplegó allí los frutos del hallazgo de datos ilegales acumulados en varios dispositivos electrónicos del expolicía federal Ariel Zanchetta, detenido y allanado en junio como supuesto proveedor de información personal clave para poder hackear los teléfonos de los ministros de la Corte Horacio Rosatti y Carlos Ronsenkrantz.
Pero no solo a ellos: Pollicita y el juez Marcelo Martínez de Giorgi investigan la posible existencia de "una organización criminal que, en forma coordinada y sostenida en el tiempo, habría llevado a cabo un conjunto de acciones tendientes a vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de distintos magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, obteniendo datos personales para suplantar sus identidades, tomando el control de sus líneas de celulares, accediendo a sus aplicaciones de mensajería e incluso haciendo requerimientos de dinero a su nombre."
En castellano: como en el juzgado de Martínez de Giorgi se acumularon los expedientes por hackeos a los ministros de la Corte Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz; el exministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro y también del espionaje ilegal a funcionarios judiciales y empresarios durante un viaje a Lago Escondido, cerca de Bariloche, Pollicita y su fiscalía fueron descubriendo decenas de hilos que vinculaban a esos supuestos delitos, pero además hallaron una gigantesca red de espionaje ilegal.
Uno de los nudos que une aquellos hilos es el espía Zanchetta, que funciona como un hub de datos sensibles e ilegales ofrecidos al mejor postor: en algunos casos, con mensajes a sus posibles usuarios; en otros, respondiendo a sus pedidos y demandas.
Ahí se insertan Tailhade y "Conu" Rodríguez, quienes ya no son lúmpenes del submundo de la información -o transeúntes de los "sótanos de la democracia"- sino importantes funcionarios públicos y estelares cuadros del kirchnerismo.
Tailhade habría usado los informes de Zanchetta para presionar a jueces, fiscales y ministros de la Corte a través de publicaciones en portales e "informes" es canales de TV adictos al gobierno, pero como eso no fue suficiente para frenarlos dio un paso más: con ellos habría alimentado el controvertido proyecto de juicio político a los integrantes del máximo tribunal.
El descubrimiento de la jugada puso en crisis el ya golpeado plan postrero para atacar a la Corte, a punto tal que este mismo martes la Comisión de Diputados que los acusa suspendió su reunión y los diputados opositores denunciaron a Tailhade y piden que lo desafueren para que entregue su teléfono y comprobar los intercambios con Zanchetta y eventualmente otros proveedores de datos obtenidos por espionaje ilegal.
El traspié ocurre en el peor momento: pocas horas después de que el candidato Sergio Massa se negó a decir claramente qué opinaba y qué haría en su gobierno con el esperpento del proceso contra la Corte. El gobernador cordobés lo fustigó en ese flanco débil.
Tampoco ayuda al oficialismo la revelación de que el poderoso funcionario "Conu" Rodríguez aparezca en un dictamen judicial como amigable usuario de los informes de Zanchetta, y mucho menos que desde su cargo como encargado de la comunicación en el gobierno de Axel Kicillof lo haya financiado a través de publicidad oficial para uno de sus portales.
La unión de esos cables azul y rojo causó una explosión cuyos daños políticos aun no pueden calcularse. Tampoco en la justicia: el juez convalidó el pedido de Pollicita y allanó a "Conu", llevándose sus teléfonos y dispositivos electrónicos: una computadora, 19 pendrives, 13 notebooks, 9 teléfonos celulares La mira se ajustó sobre Tailhade para acceder también a los suyos, aunque antes habría que sortear una votación en Diputados.
Mientras, las miles de víctimas de Zanchetta podrían presentarse en el juzgado de Martínez de Giorgi para ser aceptados como querellantes, y pedir que les sea revelada toda la información que el espía y sus contratantes tengan sobre ellas. La onda expansiva puede ser nuclear.