La Ciudad le pidió a la Corte Suprema que le ordene al Gobierno recibir a todos los detenidos en alcaidías y comisarías porteñas
Este viernes la Procuración General de la Ciudad le pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le ordene al Gobierno recibir a la totalidad de los presos alojados en alcaidías y comisarías porteñas, donde la ocupación es del 230,31% del sistema.
Pero, además, la Procuración presentó un escrito en la Justicia Federal Criminal para que le tome declaración indagatoria a María Laura Garrigós de Rébori, interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), y a todo aquel que resulte responsable del incumplimiento a una orden judicial, oportunamente dictada y que se encuentra firme.
En concreto, la Procuración porteña pidió que se declare el incumplimiento del Convenio de Colaboración N° 13/2004, la Ley N° 20.416 y la Ley N° 24.660, que atañe a las personas privadas de la libertad alojadas en la comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires.
Basándose en ese convenio, en la Ciudad argumentan que "las personas detenidas por delitos de competencia de los jueces de la Ciudad Autónoma -con prisión preventiva o condenadas- deben ser alojadas, entonces, en establecimientos carcelarios federales".
Y una medida cautelar pide que se ordene al Estado Nacional que recepcione el traslado de la totalidad de los detenidos en comisarías y alcaidías de la Ciudad a establecimientos penitenciarios nacionales, o "en su defecto del cupo o porcentual que la Corte Suprema estime en forma mensual hasta cubrir el total en un plazo no mayor de un año".
Según datos oficiales de la Ciudad, actualmente hay 1.700 detenidos alojados tanto en alcaidías como en comisarías, representando una ocupación del 230,31% del sistema.
Presos: una pelea entre Ciudad y Nación que se profundizó con la pandemia
En septiembre de 2020, la cantidad de presos en comisarías porteñas abrió un nuevo foco de enfrentamiento entre Ciudad y Nación, en el contexto de la disputa por los fondos de la coparticipación.
La discusión tuvo varias instancias judiciales hasta que el 5 de octubre de 2020 la jueza Carla Cavaliere, a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3 estableció un cronograma para el traslado de los detenidos en las comisarías de la Ciudad y fijó un cupo de ingresos semanales que debían generarse en el SPF.
Para diciembre de ese año, todos los presos con prisión preventiva o condenados debían estar alojados en una cárcel, que es el ámbito preparado para lograr su reinserción social.
No obstante, en el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño aseguran que a pesar de los fallos judiciales que obligaban a resolver el problema, el Gobierno nacional no cambió su “política de puertas cerradas”.
Según datos a los que accedió Clarínel año pasado, en 2019, el SPF recibió 17.471 detenidos, mientras que en 2020 aceptó 6.008. Un 66 por ciento menos, cuando el total de detenciones entre un año y otro por todo tipo de delitos casi no varió: hubo 29.900 en 2019 y 29.500 en 2020.
Mientras el promedio mensual de detenidos que recibía el SPF era de 1.455 en 2019, desde abril de 2020 hasta abril de 2021, bajó a 235 por mes. Un 84 por ciento menos.
DB