La aprobación ajustada del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en el Senado de la Nación ha desencadenado una oleada de alivio y celebración entre los prestadores mineros en la provincia de San Juan. Especialmente notoria es la satisfacción entre los proveedores, quienes, en algunos casos, habían expresado reservas sobre el proyecto.
Una de las principales preocupaciones entre los integrantes del sector era la posibilidad de quedar en desventaja, situación que se alivió significativamente con las modificaciones introducidas durante el debate en la Cámara Alta. Entre estas enmiendas destaca la inclusión de un requisito mínimo del 20% de inversiones para empresas locales, lo que representa un respaldo considerable para el tejido empresarial de la región.
Fernando Godoy, presidente de Caprimsa, manifestó inicialmente algunas dudas respecto al proyecto, especialmente en lo que respecta a la situación de las pymes frente a la importación de bienes y servicios. Sin embargo, la versión final de la ley incorporó disposiciones que mejoraron notablemente la perspectiva para las empresas locales. Esta certeza, según Godoy, es un avance con respecto a versiones anteriores del proyecto.
Juan Pablo Delgado, de la Casemi, quien había respaldado el RIGI desde sus inicios, también celebró la inclusión de disposiciones que favorecen a las inversiones locales. Según Delgado, estas condiciones eran necesarias para impulsar el desarrollo económico de la región y representan un paso positivo para el sector minero.
A pesar de la euforia inicial, tanto Godoy como Delgado enfatizan que estas son solo las primeras etapas de un proceso más amplio. Aún queda pendiente la aprobación final en Diputados, así como la implementación efectiva de las disposiciones. Ambos líderes empresariales advierten sobre la necesidad de mantener expectativas realistas, ya que el proceso aún está sujeto a los ritmos propios de la industria minera.
El impacto del RIGI no se limita al sector minero; los empresarios industriales también siguen de cerca estas deliberaciones. Ricardo Palacio, presidente de la Unión Industrial San Juan, destaca el potencial dinamizador que este régimen puede tener en la economía provincial. La limitación de los rubros elegibles bajo el RIGI es vista como un primer paso hacia una legislación más inclusiva que beneficie también a las pymes del sector manufacturero.
Los cambios introducidos en el Senado, que incluyen la reducción de actividades elegibles, el fortalecimiento del plan de desarrollo de proveedores y la flexibilización de los plazos y procedimientos, marcan un hito significativo en el camino hacia un entorno más favorable para las inversiones en la provincia de San Juan.